Políticas de género. Del frenteamplismo a la coalición multicolor.

05.Jun.20    Noticias y actividades
   


La asunción del gobierno multicolor, y las líneas económicas que se han impulsado, previo y durante la presencia del COVID – 19, vienen significando una profundización de la línea económica de los quince años de gobierno frenteamplista. Con un déficit fiscal que ronda el 5% del PBI y el cual lógicamente como el propio presidente reconoció va a subir, con el compromiso por parte del gobierno uruguayo de cumplir con la burguesía imperialista entre otras, a través del pago de la deuda externa y con la necesidad de proteger las ganancias de la burguesía nacional, ya que al decir del presidente Luis Lacalle Pou no se puede gravar a ninguno de estos bajo el argumento que son quienes van a hacer la fuerza para salir de esta crisis, la misma es como siempre cargada a las espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares.


Una de las promesas de la campaña electoral de Lacalle Pou había sido el ahorro anual de 900 millones de dólares. En abril del año anterior en medio de la campaña electoral Lacalle Pou planteaba el ahorro de dicho monto sin afectar las partidas destinadas a los programas sociales y sus beneficiarios. En aquel momento utilizaba como slogan “administrar bien para gobernar mejor”.

En este sentido cabe preguntarse ¿Para quiénes gobernaron los quince años de frenteamplismo? La respuesta bien la sabe, por ejemplo, el capital financiero privado donde se destaca el caso de Pedro Moreira Salles integrante de una de las familias bancarias más antigua de Brasil y que opera en nuestro país como Banco Itaú. El año pasado la fortuna de este ascendía a 3.100 millones de dólares, otro ejemplo es el de Alberto Roemmers, dueño del laboratorio que lleva su mismo apellido, con presencia en nuestro país, con una fortuna de 3 millones de dólares, otro es el argentino Gregorio Pérez Companc que el año pasado tenía una fortuna que ascendía a 1.600 millones de dólares, quien comprara las acciones del frigorífico San Jacinto en nuestro país, además de operar casi en 60.000 hectáreas entre Argentina y Uruguay. Según datos del semanario Búsqueda en el año 2019 la corporación multinacional privada Cargill dedicada al grano, exportó por un valor de 285 millones de dólares, Eufores dedicada a lo forestal, exportó por el valor de 268,3 millones de dólares, Barraca Jorge Erro dedicada al grano exportó el concepto de 167,6 millones de dólares. Y así podríamos continuar conociendo cifras del comercio exterior, de multimillonarios, pero lo que nos interesa  es que este panorama nos permite identificar varios puntos; mientras alrededor de 400 mil trabajadores en nuestros país trabajan en negro, mientras el gobierno frenteamplistas establecía para miles de trabajadores el salario mínimo de 16.300 pesos, mientras el mismo gobierno terciarizaba, precarizaba y privatizaba con las PPP en educación, salud y seguridad entre otros, mientras se exonera impositivamente al gran capital y el fuerte de las recaudaciones impositivas lo carga la clase trabajadora, mientras se prestigia a los empresarios, en un discurso de salvadores que no es de ahora sino que da continuidad al discurso que los posiciona como los generadores de trabajo y motores de la economía del país, y si les va bien a ello a los trabajadores también les ira de igual modo, en este marco es que el capital financiero privado, los propietarios de las tierras, quienes lucran con la salud, la educación y la represión, los saqueadores de los recursos naturales, los que explotan a más no poder la mano de obra de nuestro país, son unos pocos, esos que acumulan las riquezas con una infinidad de ceros en sus arcas, mientras la clase trabajadora y sectores populares deben hacer todo tipo de sacrificios y entrega para poder sobrevivir.

 

Son a estos y otros tantos los que las políticas frenteamplistas enriquecieron, quienes con migajas de sus bolsillos pretendieron hacer creer el discurso de la redistribución de la riqueza, discurso rechazable por su forma y contenido. Y son ellos mismos, los propietarios de las tierras, los usureros y especuladores del capital financiero, los propietarios de frigoríficos, los propietarios de las maquinarias, los que legitimados y cuidados por los gobiernos que avalan sus intereses administrando un Estado con carácter de clase burgués, son quienes hacen recaer las crisis sobre las espaldas de los trabajadores. El desfile de conceptos tales como restructuración, desmantelamiento, austeridad no afecta a quienes conforman la clase dominante, a quienes son los dueños de los medios de producción, a quienes a través del Estado explotan a cientos de miles de trabajadores de nuestro país. Los conceptos tales como restructuración, desmantelamiento y austeridad se aplican a las políticas que los gobiernos capitalistas están dispuestos a ceder en cierto grado mientras la coyuntura económica lo permita. Por ello la práctica política del asistencialismo a través del Mides con un porcentaje del PBI destinado a apenas paliar el hambre y la miseria de miles de uruguayos y uruguayas. En ese marco es que en la agenda del gobierno que se fue y el gobierno entrante las políticas de género ocupan un espacio. Fruto de la realidad que se palpa, a raíz de situaciones que se han puesto en el tapete con mayor fuerza, y con la finalidad de ocupar esos espacios para dominarlos, guiarlos y cooptarlos es que tanto el Frente Amplio como el gobierno multicolor utilizan la temática del género hábilmente, muestran una serie de preocupaciones, destinan una serie de recursos económicos, míseros si se tiene en cuenta la ganancia de los capitalistas, discuten y debaten, pero siempre llevando la discusión respecto al género al campo del feminismo burgués y liberal. Incluso los conceptos de burgués y liberal claramente son colocados por los espacios como el nuestro que se desmarcan y denuncian este tipo de políticas que pretenden emparchar un sistema que se basa en la explotación y opresión. A continuación consideramos oportuno para profundizar en esto y visualizar como en la agenda de los partidos políticos, la cuestión de las políticas de género ocupa su espacio, de la misma manera que lo ocupan otros tales como lo ecológico, la vivienda, etc, lo ocupan de manera de dar respuesta a sectores movilizados que reclaman y reivindican posiciones en el marco de este sistema, reivindicaciones que están dispuestos a prometer atender en la medida que puedan hacerse de su apoyo y no trastoquen la cuestión en esencia que es el dominio de una clase social, compuesta por hombres y mujeres que explota a otra clase social compuesta por hombres y mujeres. Aporta al discurso programático un documento elaborado por Cotidiano Mujer colectivo feminista que se encargó de analizar los programas electorales con los cuales los diferentes precandidatos llegaron a las elecciones internas del año pasado. Allí se preguntaban ¿Contienen un discurso específico que reconoce la relevancia política de las desigualdades de género? ¿Aparecen como objeto de políticas temas específicos de género o de las mujeres, y qué rol se les asigna como destinatarias de las políticas públicas (beneficiarias pasivas o sujetos activos)? ¿Cuál es el grado de elaboración y alcance de las propuestas?

 

Larrañaga, Lacalle Pou y Talvi hacen referencias a las desigualdades socioeconómicas, específicamente a lo que refiere a la brecha salarial. En su propuesta, Larrañaga señala que “la brecha entre hombres y mujeres se genera fundamentalmente en torno al tipo de empleo y los ingresos”. Mientras que en las propuestas de Lacalle Pou, si bien no enuncia la desigualdad socioeconómica como tal (aunque visibiliza la brecha salarial), propone como una de sus acciones a impulsar el “[f]omento de la autonomía económica o patrimonial. Desarrollo de políticas en pro de la equidad salarial”.

 

Por último, en su propuesta Talvi indica que “en la actualidad persisten una serie de brechas importantes entre hombres y mujeres en la sociedad. Primero, en términos estrictamente económicos (existe una) brecha salarial significativa”. Además, señala la brecha que existe en la participación de las mujeres en lugares de decisión en los ámbitos públicos y privados.

 

En el programa único del Frente Amplio, plantean que la desigualdad “proviene de las distintas inserciones en el mundo de la producción y el trabajo y las estratificaciones que de ello derivan”. “No obstante, las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas y las territoriales también constituyen ejes estructurantes de esa reproducción de desigualdad”.

 En el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou incluye el apartado de “Políticas de Género” dentro del capítulo 4: “Shock Social. La integración como tarea de todos”. Por su parte, Larrañaga presenta en el capítulo 4: Estado y desarrollo un apartado “Disparadores para abordaje de otros temas trascendentes para asegurar el desarrollo” entre ellos las Políticas de género (2019:29).

 En el Frente Amplio, dentro del capítulo Desafío de la Igualdad y la Diversidad se encuentra el apartado “Políticas Transversales”: Igualdad de género y Diversidad sexual y de género. En la propuesta se especifica que “[l]as políticas públicas frenteamplistas, desde el diseño, implementación y evaluación, deben ser concebidas con perspectiva de género —en contraposición a la visión conservadora— y con participación activa de la sociedad civil”  Se introduce la perspectiva de género en donde se contemplan las intersecciones de diversas dimensiones que configuran escenarios de desigualdad que afectan en particular a las mujeres: condición de clase, ascendencia étnico-racial, origen territorial, situación de pobreza, discapacidad, edad, ideología, espiritualidad, identidad de género, orientación sexual, entre otras” .

 Las propuestas de Larrañaga, Lacalle Pou y Talvi presentan políticas focalizadas a sectores específicos de mujeres como grupos vulnerables. Las destinatarias son, en general, mujeres víctimas de violencia de género, adolescentes y mujeres en su calidad de madres. Entre las propuestas en el área de salud, aparece la atención al embarazo y la lactancia materna. Lacalle Pou propone varias acciones a impulsar: apoyo y acompañamiento a embarazadas en situación vulnerable; cumplimiento del marco legal vigente con respecto a las salas de lactancia en lugares de estudio y trabajo.

 En lo que refiere al combate a la violencia basada en género, los precandidatos y la precandidata de los tres partidos hacen referencia en sus propuestas a dicha temática asegurando el cumplimiento de la Ley Nº 19580 a través de la adecuación y desarrollo de los instrumentos vigentes.

Si por ejemplo se accede a la página web del Ministerio del Interior, se encontrará con información sobre la división políticas de género, creada en octubre del 2008 donde se dice que la misma tiene como lineamientos estratégicos: integrar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y evaluación de las políticas de seguridad pública entre otros. Si, por ejemplo, se ingresa a la página web del Mides se podrá conocer sobre el Consejo Nacional de Género creado en marzo de 2007 que entre sus objetivos menciona: Contribuir al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas transformadoras, incorporando una mirada de igualdad de género, de manera de avanzar en el reconocimiento efectivo y promoción del ejercicio de derechos ciudadanos de mujeres y hombres en base a la solidaridad y justicia superando las desigualdades territoriales.

Finalmente cabe mencionar la Ley N° 19580 LEY DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES BASADA EN GENERO promulgada en el año 2017. En el Artículo 1 de la misma se dice: (Objeto y alcance).- Esta ley tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación.

Con este bagaje de conocimiento sobre líneas programáticas, leyes, conocimiento de los objetivos estratégicos de algunos de los espacios estructurados que funcionan a nivel gubernamental para atender la problemática, conozcamos que es lo que viene sucediendo en nuestro país y si existen soluciones reales a las reivindicaciones que se ahogan en las mieles de lo que es capaz de otorgar o ceder la clase que ostenta el poder político.

En Uruguay se registran 108 denuncias de violencia de género por día, según los últimos datos estadísticos difundidos por el Ministerio del Interior. El año 2019 cerró con una declaración de emergencia nacional por violencia de género y con 25 mujeres asesinadas por ese tipo de agresión. Tenían entre cuatro y 61 años. Sin contar a Anna Clara, la niña de cuatro años que forma parte de esta lista, las mujeres tenían en promedio 33 años. En 13 (52%) de los 25 casos, el femicida fue la pareja de la víctima, y en seis casos (24%), la ex pareja. Entre el 1º de enero y el 30 de octubre del 2019 se recibieron 32.721 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados. De las víctimas, 75,3% eran mujeres y 24,7%, varones. En el caso de los denunciados, los porcentajes se invierten: 78,4% son varones y 21,6%, mujeres.

En lo que respecta a la ley antes mencionada organizaciones de la sociedad civil señalan que no le destinó el presupuesto necesario para su aplicación. “Lo único que se aplica de la ley son los capítulos que tienen que ver con modificaciones en los delitos penales, el resto de la ley nunca se aplicó porque no se le destinó ningún dinero, y si no hay presupuesto no hay política pública. La falta de presupuesto para los operadores judiciales es la principal dificultad para la correcta aplicación de la ley contra la violencia de género. A casi un año de aprobada la norma, solo el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recibió en el Presupuesto los recursos necesarios, mientras que los pedidos de Fiscalía General de la Nación y Suprema Corte de Justicia (SCJ) no fueron atendidos. Es decir, las políticas del Frente Amplio además de las cuales por cuestiones ideológicas debemos enfrentar, cuentan con el absurdo de legislar, marcarse objetivos estratégicos, pero si quiera cuentan con la capacidad de dar respaldo a través de recursos económicos de lo que legislan. Mientras anteriormente observamos los números astronómicos de ganancias y riquezas de los grandes capitales, no existe respaldo económico para una ley que pretende defender la vida de miles de mujeres. Y es que quienes pretendan defender la vida bajo este sistema cargan con un discurso y una práctica que no coincide con las miles de mujeres y hombres que son explotados, oprimidos por pertenecer a la clase trabajadora y sectores populares, buscar que la soluciones lleguen a buen puerto en el capitalismo es el discurso que debemos enfrentar. Luego de 15 años de gobiernos frenteamplistas cerraron su último período con una declaración de emergencia nacional, obligados por las muertes de mujeres que en teoría se pretende proteger.

Estas situaciones de emergencia, donde se legisla, pero no se cubre con presupuesto como sucedió en un sinfín de rubros descuidados decididamente por el Frente Amplio, permite la práctica de la hipocresía por parte de las nuevas autoridades de nuestro país. Misma hipocresía y confusión que permite que la vicepresidenta Beatriz Argímón y la que fuese precandidata por el Frente Amplio Carolina Cosse, aparezcan unidas en la marcha del 8 de marzo conmemorando el día de la mujer trabajadora. La mismas que forman parte de un gobierno tanto como oficialismo como oposición o ahora a la inversa que legitiman las políticas que condenan la vida de miles de mujeres, son las que pretenden posicionarse como defensoras de las mismas.

La hipocresía que viene manejando muy bien los representantes actuales del gobierno, posibilidad que tienen por las nefastas políticas frenteamplistas en la materia de violencia de género o equidad salarial permiten que por ejemplo la vicepresidenta Argimón señale en una entrevista, que se viene trabajando en la dotación de presupuesto para los temas vinculados a la violencia de género. “Hemos trabajado con la ministra (de Economía) Azucena Arbeleche el tema presupuestal, especialmente lo destinado al Poder Judicial y el tema de las tobilleras”. En cuanto al dispositivo electrónico de control sostuvo que “no es mágico, pero ha sido una de las herramientas que más efecto ha surtido y, por lo tanto, no puede no haber stock de tobilleras”. Casualmente este fragmento menciona a otra mujer, Arbeleche, la misma ministra que meses atrás anunciará el aumento de tarifas públicas, la misma que dará continuidad a las mismas políticas neoliberales, profundizando las mismas, las que fueran impulsadas por el antes ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori.

Si de equidad salarial decidimos hablar, ya que parece ser una preocupación en todos las bases programáticas de quienes estaban decididos a ser gobierno y luego de quince años de gobierno frenteamplista, debemos decir que la dependencia económica en el marco de la clase trabajadora a la cual se ve sometida la mujer conlleva a que 1 de cada dos mujeres no reciba salario, si hablamos de precariedad laboral, 1 de cada 3 recibe salarios insuficientes, 1 de cada 4 no está registrada en el BPS, se destaca la multiplicidad de empleos, si se habla de sobrecarga de trabajo no remunerado la mujer no solo recibe la explotación por pertenecer a la clase trabajadora sino también la opresión de un sistema patriarcal, donde a nivel de infraestructura en lo que respecta a las relaciones de producción y a nivel de superestructura en lo que respecta a la cultura, la educación, la mujer es sometida a una multiplicidad de quehaceres heredadas de otros sistemas y profundizadas en este.

Luego de una coyuntura económica favorable nos encontramos con una multiplicidad de realidades que sofocan a la clase trabajadora y por todos lados se profundiza en lo que respecta a las mujeres trabajadora y de sectores populares.

Y evidentemente en este análisis se hace transversal la necesidad de observar que plantea la LUC. En el artículo 16 por ejemplo se plantea la creación de un delito específico para quienes rompan el dispositivo electrónico. Lo curioso es que se refiere a las personas que portan este aparato “deberá preservarlos en las mismas condiciones en que le fuera entregado y colocado, conservándolo con la diligencia de un buen padre de familia.” Actualmente esta situación está prevista en el Código Penal y se castiga con una pena de tres meses a 18 meses de prisión, en lugar de eso la LUC refiere a la aplicación de multas económicas, párrafo aparte merece el concepto vertido de buen padre de familia, lo cual es una muestra a las claras de las ideas que dominan en la coalición multicolor, lo cual permite entender que se compare la muerte de mujeres con abigeatos.  Por su parte el artículo 57 propone la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género del ministerio del Interior que dejaría sin efecto a la antes mencionada división de Políticas de Género. El hecho es que, entre otras de las dificultades las Direcciones Nacionales trabajan con sus propios recursos humanos y materiales lo que en la realidad existente significaría en una profunda incapacidad de atender a los cientos de mujeres que se vuelcan a las comisarías a realizar las denuncias. A continuación de este artículo, en 58 determina que la persona que lidere la nueva Dirección Nacional, deberá ocupar un “cargo de particular confianza”. No se hace referencia a la profesionalidad, experiencia, o conocimiento del área, se menciona que deberá inspirar confianza, el cómo no se aclara, pero es por demás sugerente que se tratar de un cargo seleccionado a dedo. Claro está, la LUC es una fuente inagotable de la defensa de los intereses de los explotadores y los cómplices de estos, entiéndase reformistas, frente a los cuales deberemos plantar posición, organización y lucha en diferentes planos, entre ellos el ideológico.

En síntesis, debemos dejar en claro la idea de que la mujer bajo este sistema capitalista, sufre de una doble explotación y opresión, y que vas más allá de una lucha reivindicativa por equiparar los salarios, salarios que ya de por sí, son en base a la explotación y opresión de una clase sobre otra. Por lo tanto, debe claro está plantearse la lucha por la eliminación de la brecha salarial que perjudica a las mujeres de la clase trabajadora, pero se debe ser claro en el marco de que la mujer de esta clase es explotada y a su vez oprimida por el patriarcado. Por ello no se puede separar la lucha contra el Patriarcado, de la lucha contra el Capitalismo, no se puede separar la lucha contra la explotación y opresión de la mujer, de la lucha de clases. Es por ello que tanto mujeres como hombres deben luchar codo a codo contra toda opresión y explotación, es decir en este caso, luchar codo a codo contra el Machismo, el Patriarcado y el Capitalismo. Lucha que deberá inexorablemente ser para velar la construcción del Socialismo.

En este marco, el MRO desarrolla un programa de soluciones populares que conjuga un programa mínimo concreto el cual sintetiza las soluciones de emergencia que nuestro pueblo reclama y en el cual están contempladas las legítimas aspiraciones de un pueblo que por generaciones ha sido postergado, oprimido y explotado por quienes acceden al festín de la vida de unos pocos sobre la miseria de grandes mayorías y un programa revolucionario finalista donde el objetivo mediato es el Socialismo. Nuestra lucha es pues una Democracia Popular, por la Liberación nacional y el Socialismo. Entendemos que los tres aspectos toman parte de un proceso único e indivisible, y de carácter ininterrumpido. No hay Socialismo sin una participación activa del pueblo y de auténtica medidas antiimperialistas, de la misma manera que no hay Democracia Popular y Liberación Nacional sin Socialismo.

En lo que respecta al programa mínimo concreto respecto a la mujer se plantea.

Legislar garantizando oportunidades laborales para la mujer separada, divorciada, viuda o madre soltera.

Garantizar la igualdad de la mujer en el acceso al puesto de trabajo, en todos los órdenes: salario, posibilidades de ascenso, etc.

Crear un Seguro Laboral que equipare a la mujer que trabaja en el hogar con los trabajadores que cumplen funciones del mismo (salario vacacional, retiro jubilatorio, compensación por enfermedad y accidentes de trabajo para las “amas de casa”)

Crear y desarrollar guarderías y casas cuna municipales gratuitas para facilitar el acceso de la mujer a los puestos de trabajo, facilitando a su vez la inserción social de ésta.

Crear LA Casa De la Mujer para la mujer maltratada y sus hijos. para brindar apoyo social, jurídico, síquico y económico.

Como mencionamos anteriormente y para ser coherentes debemos decir, que estas soluciones inmediatas están unidas y en lucha con un programa revolucionario finalista que aspira a la destrucción del capitalismo, por la liberación nacional y la construcción del socialismo.