De la criminalización de la ocupación del ayer frenteamplista a la profundización del hoy multicolor.

01.May.20    Noticias y actividades
   

Nos parece oportuno analizar en torno  al tema de las ocupaciones de tierra, ya que es de público conocimiento y ha estado en todas las pantallas de tv, radios e internet, el tema de la ocupación en Santa Catalina. 


A mediados del mes de enero de este año, alrededor de unas 30 familias dieron los primeros pasos en lo que sería el inicio de un nuevo barrio llamado ´´Nuevo Comienzo´´, siguiendo los anhelos de tener su casa propia, cosa que en este país es casi imposible teniendo las tasas más altas de la región en lo que tiene que ver con los préstamos hipotecarios que los bancos cobran, lo que hace aumentar las cuotas considerablemente.

Hoy ya son más de 1000 familias que se encuentran ocupando estas tierras en Santa Catalina que hacían más de un siglo que estaban baldías, pero curiosamente ahora aparecieron dueños y proyectos por doquier. 

No es casualidad que la mayoría de las y los ocupantes sean jóvenes, jóvenes que sueñan con tener su casa propia, y lejos por supuestos en muchos casos de simples sueños esperanzadores, se encuentra la necesidad de tener un techo donde vivir. Como mencionamos al principio, Uruguay se encuentra entre los países donde sale más caro y es sumamente difícil obtener una casa propia. Y no solo por la altísima tasa de los préstamos hipotecarios, sino por los altos precios de los inmuebles, que en promedio rondan los US$ 150.000. Partiendo de este precio promedio, haciendo cálculos, si una pareja de jóvenes quisiera financiar en 25 años el 80% del inmueble, sumándole la tasa de 7% anual en UI de interés del préstamo hipotecario del banco, deberían pagar una cuota mensual de casi $24.000, sin contar otros gastos como seguros, etc. Esto implica que deberían percibir un ingreso liquido mayor a $90.000 mensuales para que un banco les otorgue financiamiento.

Mientras que el salario mínimo aprobado por el gobierno del FA es de $16.300, y recordando que la canasta básica ronda los $87.000, esto es más que evidente que la gran mayoría de los jóvenes no pueden acceder a tener su propio hogar. Y paradójicamente mientras que el gobierno llama a quedarse en casa, para hacer frente a la actual pandemia de Coronavirus, la justicia burguesa les da orden de desalojo a más de 1000 familias que están ocupando por un techo para sí y para sus hijos.  Y que frase más vacía y lejos de la realidad puede ser la de ¨quédate en casa¨ para las más de 2000 personas (según cifras oficiales del 30 de mayo del 2019) que duermen en las plazas y rincones de nuestro país, siendo mayores de 65 años unas 300 de ellas, en plena edad de riesgo. O para los 43.000 hogares en extrema pobreza, que agrupan alrededor de 308.000 personas aproximadamente, siendo el 8,8% de la población del país, viviendo con conexiones irregulares, hacinadas, y con el hambre golpeándoles la puerta.

Desde el gobierno burgués se ha pronunciado en primer lugar el alcalde del Municipio A, Gabriel Otero restándole importancia, y luego pretendiendo criminalizar a las familias afirmando que se trata de una ocupación delictiva. Luego la Justicia tras varias denuncias de la IMM, y particulares, a través del fiscal Diego Pérez solicitó a la Policía la detención de al menos 7 personas, y el procesamiento judicial y una medida cautelar para 3 de los ocupantes (dos mujeres y un hombre) de 60 días de prisión domiciliaria por asociación para delinquir y usurpación. 

Esto no es más que otro intento de criminalizar el legítimo derecho de acceder a una vivienda digna, criminalización que no comienza con este gobierno multicolor, sino que precisamente tiene a Tabaré Vázquez y al exguerrillero y dirigente del MLN Tupamaros, José Mujica como protagonistas, junto a sus pares. 

Por ello debemos remontarnos allá por el 30 de mayo del 2006, cuando Tabaré Vázquez saco un decreto que, si bien reconoce la ocupación como extensión del derecho de huelga, la limita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social otorgándole la facultad de desalojar luego de 24 horas por la fuerza pública. No conformes con esto, dieron un paso más en la criminalización y casi un año más tarde, el 18 de enero de 2007, con todos los votos del MPP, tanto en diputados como en senadores, aprobaron la Ley 18.116, donde se castiga con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría la ocupación de casas y terrenos.

Mujica heredero de las luchas históricas de Sendic y los peludos por la reforma agraria, la expropiación del latifundio y tierra para quien la trabaja, luego de hasta ser dirigente, renegó de su pasado y lanzó a la justicia burguesa y a la policía a desalojar a los cañeros que habían tomado tierras en Bella Unión el 15 de enero del 2006 cuando era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca bajo el gobierno de Tabaré. Mientras se ensañaba con los que luchan, arrastrándose ante los poderosos, bajo su administración, el Ministro Mujica, autorizó la extranjerización de la cuarta parte de la tierra laborable, se crearon latifundios de plantaciones de soja y eucaliptos, no se tocaron las ganancias cuantiosas de las grandes empresas agrícola-ganaderas por el auge de los precios internacionales y el Instituto de Colonización que depende del Ministerio repartió unas decenas de miles de hectáreas, ninguna a los más de 3000 colonos anotados por el reclamo de tierras que esperaban su legítima demanda. 

Pero la frutilla de la torta del gobierno del FA es el decreto del 2 de diciembre del 2010 de Mujica que autoriza la utilización de la fuerza pública para desalojar la ocupación de establecimientos y locales públicos, frente al auge de los paros, huelgas y ocupaciones de los lugares de trabajo de los funcionarios públicos, enfrentando la Reforma del Estado, materia pendiente de la Carta de Intención firmada con el FMI por el gobierno de Tabaré Vázquez en junio del 2005.

 

Por lo tanto, queda claro que este nuevo gobierno multicolor ya posee las herramientas necesarias para criminalizar y reprimir cualquier ocupación, gracias a los decretos y leyes promulgadas por el FA, gracias a la militarización que llevo a cabo el FA, con la creación de la guardia republicana bajo Ley N° 18719 del año 2010, sin mencionar todos los casos en que se reforzó con personal, armamento, móviles y cámaras al aparato de represivo.

Las ocupaciones actuales de esas tierras en Santa Catalina, ni es nada nuevo en dicha zona, ni en la historia del Uruguay, por ello tiene sus razones, sus explicaciones.

Por citar un ejemplo, según datos de FUCVAM, hacen falta unas 88.000 viviendas en Uruguay, y todavía el gran problema de la especulación. Para algunos quizá sea una palabra muy familiar, pero mejor explicamos brevemente que significa cuando decimos el gran problema de la especulación. Los inversores parásitos compran tierras o inmuebles incrementando así la demanda, con esto logran que aumente el precio, por lo que las tierras o los inmuebles que compraron ahora valen más.

Esta especulación hace que exista un gran número de viviendas vacías que solo las compran para especular y ganar dinero. La vivienda al final adquiere más un valor de cambio que un valor de uso. Por ejemplo, más del 50% de las viviendas de interés social que el gobierno impulsa se venden a inversores.

Sin dudas que el tema de la vivienda es un gran problema que afecta a toda la clase trabajadoras y demás sectores populares, y a modo comparativo, año tras año ´´se escapan´´ US$ 3.112 millones para pagar la deuda externa, siendo unos US$ 1.530 de esa cantidad destinados a cubrir los intereses generados de la misma, y el resto en otros rubros.

Imagínense qué de no pagarla, cuantos millones de dólares podríamos poner para generar viviendas dignas para los que las necesitan. Cuanto se podría destinar a aumentar los salarios más bajos, aumentar las pensiones y jubilaciones, aumentar la inversión pública, en la construcción de escuelas, liceos, hospitales, obras públicas, etc, con la generación de empleo inmediato sin la necesidad de entregar el país como lo hizo el FA con el contrato con UPM.

Los intereses de la deuda externa en vez de alivianarse con estos pagos anuales se incrementan más, siendo insostenible para los países de América Latina, Asia y África. Pero tampoco, todo se soluciona con la receta mágica del no pago, sino que tiene que venir acompañado de la ruptura con el FMI y otros organismos de crédito internacional, la estatización de la banca y el comercio exterior, la expropiación del latifundio sin indemnización para una reforma y revolución agraria, la socialización  de los grandes medios de producción que están en manos de empresas imperialistas y la gran burguesía asociada, en definitiva la imposición del programa histórico de las y los trabajadores en su camino de liberación social.

Para cerrar, les dejo un fragmento del libro de Engels, principal ideólogo junto con Marx de la ideología de la clase trabajadora, que, desde su tiempo, allá por el siglo XVIII ya describía el problema de la vivienda en su obra ¨ CONTRIBUCION AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA¨ diciendo: Esta penuria de la vivienda no es peculiar del momento presente; ni siquiera es una de las miserias propias del proletariado moderno a diferencia de todas las clases oprimidas del pasado; por el contrario, ha afectado de una manera casi igual a todas las clases oprimidas de todos los tiempos. Para acabar con esta penuria de la vivienda no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante.